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El futuro incierto del secreto profesional de los abogados de empresa

 

Laia Serramiá

lserramia@climentesaula.com

 

En junio se publicó la Directiva sobre Intermediarios Fiscales (Directiva 2018/822/CE de 25 de mayo), que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación.

Con esta directiva, más conocida como DAC6,  se materializa el intento europeo de obtener un mecanismo de transparencia y equidad a nivel tributario. Esto permite contar con un marco para el desarrollo de la actividad económica que contribuya a ponerle freno a la elusión y evasión fiscal que se encuentra en el mercado interior actual.

La transposición de la directiva en nuestro derecho interno, que se deberá llevar a cabo antes del 31 de diciembre del 2019,  ha abierto de nuevo el debate sobre la disposición o no de secreto profesional de los denominados abogados de empresa ( abogados “in house”). La aplicación de esta nueva normativa europea ha impulsado la reforma de la Ley General Tributaria por parte del Ministerio de Hacienda que ha generado cierto recelo en la abogacía estatal.

La intención del borrador presentado por el Ministerio, con el objetivo de aumentar los controles sobre los asesores fiscales tal y como establece Europa, se articula a través de imponer a los abogados de empresa la obligación de informar y revelar las operaciones celebradas, tanto en España como las transfronterizas, a la administración tributaria correspondiente para que esta posteriormente intercambie la información automáticamente con el resto de Estados miembros.

La efectiva trasposición de esta normativa intensificará las obligaciones de información de los abogados y el malestar derivado de esta situación ya ha sido puesto de manifiesto en el ámbito de la abogacía española.

Es por ello que debemos plantearnos si estamos ante el fin del secreto profesional que protege a los abogados internos ya que, con la aplicación de esta normativa, cuando estos actúen haciendo tareas similares a un economista o un gestor no se verán amparados por este derecho.